Por: Nancy Gramigna

En diálogo con Radio LU30, las integrantes de la Asociación Civil Alberto Valdés, Ana Rosa Filleaudeau y Mariela Choino, analizaron el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento generó un intenso debate en todo el país. Señalaron que, a pesar de que la discusión pública se ha concentrado en las pensiones no contributivas y los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), la normativa contempla medidas clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Se ha difundido como si fuera solo sobre pensiones o CUD, pero es mucho más amplio. Incluye la regularización de pagos a prestadores, el acceso al transporte, la educación, el acompañamiento terapéutico y el empleo protegido”, explicó Filleaudeau. En este sentido, advirtió que los valores que pagan las obras sociales por terapias están “totalmente desactualizados”, lo que llevó a que muchos profesionales dejaran de trabajar con cobertura directa y optaran por reintegros, encareciendo el acceso para las familias.

Choino, por su parte, destacó que esta situación implica una pelea constante para las familias: “Es algo que debería ser un trámite y termina siendo una tragedia cada vez que iniciás uno. La ley venía a dar un poco de tranquilidad”. También resaltó la importancia del capítulo que permite trabajar sin perder la pensión, salvo que el sueldo supere dos salarios mínimos: “Es el camino ideal para cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad”.

Ambas detallaron que desde la asociación impulsaron una campaña local para visibilizar la problemática, recibiendo gran apoyo de la comunidad. Filleaudeau cuestionó el veto presidencial a la ley, señalando que el impacto fiscal estimado sería del 0,3% del PBI —o 0,5% si se suman pensiones—, similar al costo de la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. “Lo que nos convoca es por qué, cuando se decide de dónde recortar, se hace sobre quienes menos tienen y no sobre los que están en mejores condiciones”, afirmó.

Choino ejemplificó las dificultades diarias: “Este año las terapias de mi hijo solo las puedo pagar de mi bolsillo, porque los profesionales trabajan por reintegro. Pagás el día de la consulta y después esperás que la obra social te devuelva, y eso para un sueldo común es muy complicado”.

Finalmente, invitaron a la comunidad a sumarse a la asociación: “Esta no es una lucha solo de las personas con discapacidad o de sus familias. Es responsabilidad de todos, vecinos, profesionales y políticos, hacer lugar a las personas con discapacidad y garantizarles los derechos que les corresponden”, concluyó Filleaudeau