El estado de los caminos rurales volvió a instalarse en el centro de la escena en el sudeste bonaerense, en un contexto de lluvias que profundizan los problemas de transitabilidad y reavivan una pregunta clave: qué pasa con las tasas que pagan productores y vecinos.

El tema fue abordado en la reunión mensual de las Sociedades Rurales del Sudeste, realizada en Rauch, donde participaron entidades de 16 distritos con realidades diversas: desde gestiones consideradas eficientes hasta otras con fuertes cuestionamientos.

Como invitado, el abogado constitucionalista Jorge Moroni compartió experiencias judiciales recientes que marcan un precedente. Se trata de fallos en Azul y Daireaux que obligan a los municipios a devolver sumas millonarias por el cobro de tasas sin servicios asociados o sin una contraprestación concreta.

Según explicó, estos antecedentes abren una vía posible para avanzar en reclamos en otros distritos donde la situación se repite. En esa línea, mencionó que en tribunales como los de Mar del Plata y Trenque Lauquen existen criterios favorables a este tipo de planteos, basados en un principio claro: toda tasa debe estar vinculada a un servicio.

Durante el encuentro, también se puso el foco en la necesidad de fortalecer la participación institucional de los productores, desde el seguimiento de ordenanzas hasta la presencia en ámbitos como concejos deliberantes y asambleas de contribuyentes.

Además, se expusieron distintos escenarios en la región. Mientras algunos distritos muestran buenos resultados en la gestión de caminos, otros mantienen niveles intermedios con diálogo abierto, y un grupo evidencia serias dificultades, con reclamos por falta de respuestas.

En paralelo, desde Rauch se impulsa la eliminación progresiva de la tasa de Guías, Marcas y Señales, cuestionada por su falta de contraprestación. Para Moroni, este tipo de tributos tiene escasas chances de sostenerse ante un planteo judicial.

El encuentro dejó planteado un escenario en evolución, donde el sector rural comienza a mirar con más fuerza la vía judicial como herramienta frente a reclamos históricos vinculados a la infraestructura y la presión tributaria.